No esta tan lejana la postura que sostiene que el bienestar social es una corresponsabilidad ciudadana muy parecida al lema fraternal de los Tres Mosqueteros: "Uno para todos y todos para uno", el cual se manifiesta solo en ciudadanos orientados a la solidaridad en el marco de una cultura política emanada de la democracia participativa.La política de bienestar social se sustenta dentro de un proceso educador y de desarrollo integral del individuo dónde se ponga especial énfasis en los valores fundamentales del ser humano, así como en aquellas actitudes y acciones que eleven su calidad de vida y hagan del ciudadano la persona consciente, libre y justa que la sociedad requiere.
Por lo tanto para la plena eficacia de los proyectos emprendidos se requiere la participación y esfuerzo de la población y el apoyo de las instancias de gobierno, permitiendo así a los grupos sociales buscar y alcanzar los fines que les son propios. Se debe alentar y facilitar la integración de agrupaciones que incidan en la reestructuración del tejido social que posibilite la participación efectiva de la persona, de las organizaciones y del gobierno conforme a los principios de subsidiariedad y solidaridad.
La plena realización del hombre y de la sociedad es el propósito final del bien común. Entendemos a la justicia social como una parte del bien común y creemos que la política comunitaria es un instrumento para alcanzar el bienestar de la comunidad. La lucha por la justicia es una responsabilidad compartida por el gobierno y la sociedad. Todos los miembros de nuestra sociedad tenemos el derecho y el deber de participar en las tareas del desarrollo.
El bienestar social no puede ni debe concebirse como herramienta de manipulación de las familias menos favorecidas por el vertiginoso y anárquico crecimiento poblacional. Estamos en un proceso para entender que mediante la práctica de la justicia, la legalidad, la honestidad, y la subsidiariedad son posibles los avances sociales más trascendentes.
Consideramos como una negación de la democracia y la ética cualquier propuesta que convierta los programas y acciones de gobierno en instrumentos de manipulación de las personas. Rechazamos por igual el corporativismo social y el clientelismo político. Ambos atentan contra la dignidad humana y la libertad de las personas.
En ese sentido el desarrollo debe ser armónico y llevar implícito una educación más amplia y de mejor calidad y realizar mayores esfuerzos para el desempeño cultural, deportivo, del servicio eficiente y promoción de satisfactores de primer orden como la distribución de agua potable, más empleos, viviendas y transporte público entre otras premisas, para el logro de los objetivos fundamentales.
El gobierno seguirá basándose en la sociedad participativa como la vía fundamental para estimular el espíritu de decisión, el sentido de responsabilidad y la libertad de los integrantes de las organizaciones sociales.
La autoridad asumirá con plena responsabilidad su papel de coordinador, promotor, organizador y motivador de los esfuerzos encaminados a fortalecer el bien común, acción compartida de sociedad y gobierno corresponsables en la gran tarea de elevar la calidad de vida de los habitantes del Estado.
La plena realización del hombre y de la sociedad es el propósito final del bien común. Entendemos a la justicia social como una parte del bien común y creemos que la política comunitaria es un instrumento para alcanzar el bienestar de la comunidad. La lucha por la justicia es una responsabilidad compartida por el gobierno y la sociedad. Todos los miembros de nuestra sociedad tenemos el derecho y el deber de participar en las tareas del desarrollo.
El bienestar social no puede ni debe concebirse como herramienta de manipulación de las familias menos favorecidas por el vertiginoso y anárquico crecimiento poblacional. Estamos en un proceso para entender que mediante la práctica de la justicia, la legalidad, la honestidad, y la subsidiariedad son posibles los avances sociales más trascendentes.
Consideramos como una negación de la democracia y la ética cualquier propuesta que convierta los programas y acciones de gobierno en instrumentos de manipulación de las personas. Rechazamos por igual el corporativismo social y el clientelismo político. Ambos atentan contra la dignidad humana y la libertad de las personas.
En ese sentido el desarrollo debe ser armónico y llevar implícito una educación más amplia y de mejor calidad y realizar mayores esfuerzos para el desempeño cultural, deportivo, del servicio eficiente y promoción de satisfactores de primer orden como la distribución de agua potable, más empleos, viviendas y transporte público entre otras premisas, para el logro de los objetivos fundamentales.
El gobierno seguirá basándose en la sociedad participativa como la vía fundamental para estimular el espíritu de decisión, el sentido de responsabilidad y la libertad de los integrantes de las organizaciones sociales.
La autoridad asumirá con plena responsabilidad su papel de coordinador, promotor, organizador y motivador de los esfuerzos encaminados a fortalecer el bien común, acción compartida de sociedad y gobierno corresponsables en la gran tarea de elevar la calidad de vida de los habitantes del Estado.
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