LA INJUSTICIA FINANCIERA

Por Dr. Cuauhtémoc D. Molina García

Las finanzas públicas -no obstante su obvio componente económico y técnico- constituyen ante todo un proceso político que nace y concluye (como debate) en los parlamentos o instancias legislativas. El fin natural de toda decisión financiera pública es social, pues los dineros que el Estado recauda son recursos públicos, de uso público y de finalidad pública, y consecuentemente social.
Los parlamentos o congresos son, históricamente, hijos del presupuesto, pues nacieron a partir de la necesidad de que los actores políticos debatieran la naturaleza misma del Estado y su financiamiento. La cuestión de los impuestos fue y es crucial en el discurso de las sociedades de toda democracia liberal.
En este sentido, uno de los problemas centrales del debate financiero público es la ausencia, al menos en México, de las llamadas reglas asignatarias de los recursos financiados para que éstos regresen a la sociedad en forma justa y equitativa por medio de los servicios públicos.
Este es el caso de la retribución que la federación mexicana hace a los municipios, una vez que aquélla llena la cazuela y se dispone a "redistribuir" lo financiado a los ayuntamientos.
¿Cuánto y a quiénes retribuir lo recaudado por la federación?, ¿con base en qué criterios o reglas un municipio debe obtener más que otros?, ¿por qué razones los municipios pobres, puesto que son precarios, reciben paradójicamente menos que los municipios grandes, que pueden potencialmente ser más "ricos" en términos presupuestales?
Para 2008, el Estado de Veracruz presenta en su Hacienda Pública el sempiterno fenómeno de la inequidad, en cuanto a la "concentración" de los ingresos municipales se refiere.
De 212 municipios que existen en la geografía veracruzana, casi el 54 por ciento de esos ingresos irá a 192 ayuntamientos, y el 46.6 por ciento lo recibirán tan solo 20 municipios.
Nos queda claro que los receptores de los recursos no son los municipios en sí, sino los ayuntamientos que políticamente los administran y dirigen y son estos los responsables, primero de gestionarlos, y luego de darles una aplicación eficiente y honesta.
Pero el problema de fondo radica en la ausencia de esas reglas asignatarias y es un problema que nace en el Congreso federal y que desciende a los Congresos locales y al interior mismo de las administraciones públicas municipales, que año con año enfrentan el problema de la jerarquización de los problemas y de las necesidades para cubrirlos con recursos que, por un lado son cada vez más escasos, y por otro cada vez más inequitativos en su asignación y dotación.
Los legisladores -responsables de estos procesos- están política y socialmente obligados a enfrentar el problema de la escasez de recursos públicos en dos frentes: uno el de la iliquidez misma, y el otro el de la injusta redistribución de los recursos fiscales.
Se dice que hay que hacer más con lo mismo; pero ese es un problema de técnica y de eficiencia administrativa. El punto real de confrontación no es la eficiencia, sino la injusticia fiscal.