EL GASTO Y LA ELECCIÓN PÚBLICA

Dr. Cuauhtémoc D. Molina García

La política económica deviene en dos instrumentos fundamentales: la política monetaria y la fiscal. Ésta última se expresa mediante decisiones públicas centradas en el financiamiento de los recursos estatales (ingresos) y son contrapartida: los egresos, cuyas decisiones de orientación y destino, monto y aplicación, conforman lo que llamamos —en finanzas públicas y en economía— la política de gasto público.
El gasto público posibilita a los administradores gubernamentales la realización de los objetivos del Estado y de los propios de sus administraciones, emanadas de las propuestas políticas de sus respectivos partidos. Estos objetivos deben responder a la búsqueda de mejores niveles de vida para la sociedad, según la filosofía de las finanzas públicas modernas, es decir, las que se inspiran en un Estado social demócrata.
Será tarea fundamental de las finanzas públicas la gestión de los recursos necesarios para el desarrollo del Estado y de la sociedad que éste tutela. En tal virtud, una política pública responsable será aquélla que anhele la aplicación de medidas tendientes a mejorar nuestra participación en el ingreso federal de modo que podamos, como sociedad y como actores ciudadanos, hacer más eficiente el uso de los recursos humanos económicos y materiales, siguiendo una política de equilibrio presupuestal o de déficit, según las urgencias sociales y los ciclos económicos.
En la búsqueda de la eficiencia en materia financiera y propiamente política, todas las áreas del servicio público deberían orientar sus recursos con base a las prioridades de los planes estatales o nacionales de desarrollo, emanados del trabajo realizado entre la sociedad organizada y el gobierno durante el proceso de búsqueda del voto ciudadano.
Aquí se muestra un enfoque estratégico y fundamental en la orientación de la política contemporánea en el marco de los estados liberales: la perspectiva de la Elección Pública o Public Choice.
Esta orientación teórica de las finanzas públicas asume que el Estado es un componente de la oferta política —ofrece bienes y servicios públicos— y que la sociedad integra la demanda de dichos servicios. Entre ambos se conforma, consecuentemente, un mercado en el que los partidos políticos intermedian ofreciendo proveedores de candidatos y ofertas que los ciudadanos deberán elegir durante los procesos electorales. Los ciudadanos, idealmente, “compran” la oferta mediante sus votos y sus impuestos, es decir, contratan a sus servidores públicos, los que idealmente deberán satisfacer las necesidades y expectativas ciudadanas. Si los ciudadanos quedan satisfechos, seguirán votando por los mismos proveedores políticos —candidatos y propuestas públicas— lo cual significa continuidad en la contratación pública.
Si los ciudadanos viésemos así la política, entenderíamos cabalmente que un funcionario —desde el poder ejecutivo hasta el legislativo, y aún el judicial— es en realidad nuestro servidor y que sus acciones estarán orientadas a congraciarse con nosotros para recontratarles en cada elección pública, si ese fuese el caso.
En este marco, el gasto público en sí mismo, y la política que le sustenta, deberían estar orientados no al dispendio ni al enriquecimiento de los funcionarios del Estado, sino al mejoramiento de los bienestares sociales y, sobre todo, a su ejercicio abierto en el marco de la transparencia y la información democrática. Lo que hoy los neoliberales llaman el accountability.