LA REFORMA ENERGÉTICA ES TAMBIÉN UNA REFORMA FINANCIERA

Por Cuauhtémoc D. Molina García

En principio, PEMEX puede significar muchas cosas para los mexicanos, para la historia de México e incluso la de Latinoamérica, sobre todo por cuanto se refiere a la lucha contra la explotación del imperialismo y la reinvindicación de los pueblos. Pero ante todo, PEMEX significa un componente vital y central de las finanzas públicas nacionales.

Desde hace tiempo se sabe, y ahora se recalca con insistencia, que cada peso fiscal que el Estado mexicano ingresa y gasta, de conformidad con su Presupuesto Federal, posee el 40 por ciento de ingrediente petrolero, y que solo el 60 por ciento se financia con los ingresos propios y normales de todo sistema fiscal: los impuestos, los derechos y los aprovechamientos. Esto significa que casi la mitad del presupuesto público federal esta financiado con los ingresos, siempre contingentes, que genera el petróleo. La dependencia que el gasto público tiene del petróleo es grave, pues coloca a la economía nacional en situación vulnerable y al garete de los mercados internacionales, que son los que fijan el precio del crudo y, por ende, los ingresos federales. Lo hemos dicho aqui: si no tuviésemos petróleo, México estaría en condiciones similares a cualquier país africano, o quizá peor, dada la magnitud de nuestra población.

Precisamente por eso se necesitan cambios drásticos y estructurales en el régimen jurídico del sector energético y cambios igualmente radicales en la estructura de las finanzas públicas mexicanas. Ya no se puede, ni se debe, depender fiscalente de los ingresos petroleros, pues por un lado se pone en riesgo la economía y, por otro se descuida la salud financiera y tecnológica de la industria petrolera nacional. Y esto último es, para nuestra poca fortuna, lo que ha sucedido desde años. Los pozos de Cantarel cancelaron los riesgos y los costos políticos, y todos los actores políticos y gubernamentales comodamente se atuvieron al destino del petróleo, pensando que el futuro nunca iba a llegar. Y llegó.

Pero, ¿cuál es el sentido de la reforma energética, también financiera que se propone?
Todo mundo tiene en boca la tal reforma. Los políticos la manejan a su antojo para colocarse electoralmente como adalides de la historia, la soberanía y del patritismo. Los gobernantes buscan desligar el presupuesto público de los ingresos petroleros pero a costa de los intereses nacionales, los periodistas y editorialistas, por su parte, solo son "caja de resonancia" que actúan como multiplicadores de opinones, pero no forman opinión, más bien la deforman. ¿Qué es en si la reforma?

La reforma energética, dice Mario Rocha Montiel (ENEP, Acatlán, UNAM, 2003), "puede definirse como el cambio del marco jurídico que permita la participación de empresas privadas y sociales en la generación y distribución de la energía eléctrica, en la extracción y el procesamiento de petróleo, y en la producción de otras formas de energía".

Ahora bien, son muchas las formas de permitir la participación del capital privado en la industria petrolera y no todas significan "venta" ni "privatización" de PEMEX. El Estado mexicano debe permanecer como dueño y árbitro de las riquezas nacionales, pero así como conseciona el servicio de transporte -terrestre y aéreo- o bien el espacio para las comunicaciones, así también debe concesionar ciertas áreas de actividad dentro de la industria. Los expertos deben opinar y sugerir las mejores formas de participación, que es necesariamente financiera. Algunas son más comprometedoras que otras, unas lasceran la soberanía más que otras, pero eso se debe discutir en un debate nacional abierto y maduro. Las voces son muchas y contradictorias, pues unos opinan de una manera y otros de otra y todos dicen poseer la verdad y la razón. Del otro lado, el pueblo poco o nada sabe, solo sospecha incesantemente, pues su experiencia reciente es que nuestros gobiernos (priístas y panistas) han solido actuar a sus espaldas y no siempre en beneficio de la Nación.

No todo lo que se privatiza, por ese solo hecho, esta llamado a ser eficiente, tampoco todo lo público, solo por ser estatal, es necesariamente ineficiente. Ese es un mito que muchos países europeos han echado por la borda. Y hay claros ejemplos de fracasos provenientes de las privatizaciones de bienes públicos:

1. En California (USA) la venta de la industria eléctrica significó el repunte
de los precios en 200% .
2. En Argentina se tradujo en la quiebra del sector
y, en su medida, en el desplome de la economía nacional.

En ningún caso ganó ahí el interés público, el de los consumidores e industriales, las empresas y, el de los residenciales, los hogares. En ambos casos quedó claro a los fanáticos privatizadores que éstas no son la panacea ni para el Estado, ni para los empresarios ni menos para los consumidores. La productividad no se elevó y las tarifas no descendieron, ¿entonces, cuáles fueron los beneficios de las privatizaciones?

En PEMEX no están dadas las condiciones privatizadoras; nadie piensa en eso, nadie, solo los perredistas, suspicaces de todo, hasta de ellos mismos. La realidad es que el Estado debe permitir capital privado, debe reformar la organización y el mando de la empresa para que se maneje como lo que es: una empresa. Debe abatir la corrupción dentro de sus propios mandos y los excesos de su sindicalismo trasnochado. PEMEX debe modernizarse y no privatizarse.