Desde la perspectiva de las finanzas públicas, la ciencia política y la administración pública, la distribución proporcional del gasto de una nación es un indicador adecuado de la importancia que se asigna a un sector, a una política o a un programa en especial.
El caso mexicano revela que el sector educación no recibe una importancia mayor en nuestra nación que el otorgado por nuestros vecinos y competidores comerciales, lo cual coloca al gobierno mexicano en una situación paradójica en términos de política pública y de gestión.
En efecto, las asignaciones presupuestales revelan la importancia relativa que los órganos del Estado mexicano —Diputados y Ejecutivo Federal— conceden a las prioridades nacionales; también expresan los componentes ideológicos de la clase en el poder y las actitudes que de ellas se derivan en materia de políticas públicas con miras a lograr la inclusión y la justicia social.
La proporción de la riqueza generada en nuestro país que se destina a promover la educación, es menor que la otorgada en promedio por los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Adicionalmente, el monto de la riqueza producida por nuestro país es significativamente inferior a la del resto de los países asociados.
Si consideramos con precisión el monto total de los fondos generados en un año determinado por cada una de las economías de referencia, encontramos que México sólo alcanza el 50% de lo que se dispone en promedio en las economías de los países de la OCDE, y que es sustancialmente triplicado por las propias de Canadá y Estados Unidos.
La situación es aún más grave cuando se analiza la inversión nacional en educación, puesto que las desproporciones alcanzan niveles de cuatro, cinco y seis veces más fondos disponibles para ello, en cada uno de nuestros socios y competidores, incluso en países cuya relación comercial no esta explícitamente asociada a la actividad económica de México.
Por todos es sabido que la educación reviste una importancia fundamental para el desarrollo de las sociedades y como determinante de oportunidades de vida para los individuos, tanto más por cuanto a la movilidad social y el crecimiento económico se refiere. Uno de los principales beneficios de la educación se asocia a la ampliación de las capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas que logran los sujetos en su formación académica, que son aplicables en los espacios de trabajo, sea como emprendedores individuales o como asociados, o bien vinculados a empresas o instituciones en calidad de asalariados.
La correlación comunmente aceptada y probada indica claramente que el número de años que dedica una persona a los estudios aumenta significativamente sus posibilidades de participar en la estructura productiva de la nación. Si la educación se puede entender como la transferencia del conocimiento global y regional para el beneficio de los individuos, la investigación es, sin duda, el motor básico que las sociedades poseen para generar el conocimiento, y solo así se comprenden los fenómenos y se desarrollan aplicaciones que permiten elevar la calidad de vida de las personas del conjunto social.
El siglo XXI será, sin duda, la era del conocimiento y en la que el principal factor de las operaciones productivas será el componente del saber aplicado en ellas. Actualmente el valor de los productos y de los servicios esta determinado por el conocimiento que les sustenta y será mucho mayor en los años por venir. No invertir en el desarrollo del conocimiento, en la investigación de los fenómenos de interés global y en las necesidades particulares de nuestra nación, es condenar a nuestra sociedad a una relación de subordinación de manera indefinida, y colocar encima de todo a las clases menos favorecidas del país —sumidas en estado de gran pobreza— a condiciones de marginalidad perpetua.
La situación de México, en materia de inversión en ciencia y tecnología es particularmente delicada. La sociedad mexicana se hace, sin investigación ni tecnología propias, más dependiente y menos soberana. ¿Qué pensarán nuestros gobernantes, incluidos los legisladores federales?
La proporción de la riqueza generada en nuestro país que se destina a promover la educación, es menor que la otorgada en promedio por los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Adicionalmente, el monto de la riqueza producida por nuestro país es significativamente inferior a la del resto de los países asociados.
Si consideramos con precisión el monto total de los fondos generados en un año determinado por cada una de las economías de referencia, encontramos que México sólo alcanza el 50% de lo que se dispone en promedio en las economías de los países de la OCDE, y que es sustancialmente triplicado por las propias de Canadá y Estados Unidos.
La situación es aún más grave cuando se analiza la inversión nacional en educación, puesto que las desproporciones alcanzan niveles de cuatro, cinco y seis veces más fondos disponibles para ello, en cada uno de nuestros socios y competidores, incluso en países cuya relación comercial no esta explícitamente asociada a la actividad económica de México.
Por todos es sabido que la educación reviste una importancia fundamental para el desarrollo de las sociedades y como determinante de oportunidades de vida para los individuos, tanto más por cuanto a la movilidad social y el crecimiento económico se refiere. Uno de los principales beneficios de la educación se asocia a la ampliación de las capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas que logran los sujetos en su formación académica, que son aplicables en los espacios de trabajo, sea como emprendedores individuales o como asociados, o bien vinculados a empresas o instituciones en calidad de asalariados.
La correlación comunmente aceptada y probada indica claramente que el número de años que dedica una persona a los estudios aumenta significativamente sus posibilidades de participar en la estructura productiva de la nación. Si la educación se puede entender como la transferencia del conocimiento global y regional para el beneficio de los individuos, la investigación es, sin duda, el motor básico que las sociedades poseen para generar el conocimiento, y solo así se comprenden los fenómenos y se desarrollan aplicaciones que permiten elevar la calidad de vida de las personas del conjunto social.
El siglo XXI será, sin duda, la era del conocimiento y en la que el principal factor de las operaciones productivas será el componente del saber aplicado en ellas. Actualmente el valor de los productos y de los servicios esta determinado por el conocimiento que les sustenta y será mucho mayor en los años por venir. No invertir en el desarrollo del conocimiento, en la investigación de los fenómenos de interés global y en las necesidades particulares de nuestra nación, es condenar a nuestra sociedad a una relación de subordinación de manera indefinida, y colocar encima de todo a las clases menos favorecidas del país —sumidas en estado de gran pobreza— a condiciones de marginalidad perpetua.
La situación de México, en materia de inversión en ciencia y tecnología es particularmente delicada. La sociedad mexicana se hace, sin investigación ni tecnología propias, más dependiente y menos soberana. ¿Qué pensarán nuestros gobernantes, incluidos los legisladores federales?
